Un informe regional presentado esta semana en Buenos Aires relevó las normativas de doce países latinoamericanos y concluyó que la restricción de los celulares en las aulas, sin formación digital, no resuelve el problema. La mitad de los países del mundo ya cuenta con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas. En América Latina, la tendencia creció: en 2023 uno de cada cuatro países tenía normativa; hoy esa proporción se duplicó. Pero para la UNESCO, legislar no alcanza.
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), con sede en Buenos Aires, presentó esta semana una actualización de su relevamiento regional sobre regulaciones escolares en doce países. La investigadora Roxana Morduchowicz, consultora del organismo en ciudadanía digital, fue la autora del trabajo y la voz central de la presentación.
El informe distingue dos modelos: la prohibición total —predominante en Europa— y la restricción parcial, más extendida en la región. La diferencia, señala Morduchowicz, no es ideológica sino estructural: en Europa las escuelas tienen computadoras y tablets propias; en muchos establecimientos latinoamericanos el celular del alumno es la única tecnología disponible. Prohibirlo, en ese contexto, puede profundizar las brechas.
El documento también sistematiza los argumentos críticos: que la veda no elimina el acoso digital, que puede generar mayor uso compensatorio en el hogar y que complica la tarea docente con funciones de control ajenas a lo pedagógico. La propuesta central del organismo es la ciudadanía digital: enseñar a niños y adolescentes a usar la tecnología de forma reflexiva, ética y crítica. No se trata de ignorar los riesgos —el acoso en línea, la desinformación, la exposición a contenidos nocivos, la manipulación algorítmica— sino de equipar a los estudiantes con herramientas para reconocerlos y actuar frente a ellos.
El concepto implica una formación que va más allá del uso instrumental de dispositivos. Incluye aprender a identificar noticias falsas, comprender cómo funcionan los algoritmos que organizan la experiencia digital, proteger la privacidad propia y respetar la ajena, y ejercer derechos en los espacios públicos de Internet.“Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a los riesgos digitales”, sostiene el informe. Por eso, la pregunta no es si se permite o no el celular en el aula, sino cómo se enseña a usarlo.
El informe advierte, sin embargo, que esta formación enfrenta un obstáculo concreto: los sistemas educativos de la región ya tienen agendas sobrecargadas, y la ciudadanía digital rara vez ocupa un lugar prioritario. Morduchowicz señaló que el mayor desafío es político y cultural antes que técnico: convencer a los ministerios de que este es un contenido tan urgente como la lectura o las matemáticas.
El organismo también pone el acento en cómo se construyen las regulaciones. Las normativas que se elaboraron con participación de docentes, familias y estudiantes tienen más posibilidades de sostenerse en el tiempo y de ser efectivamente cumplidas. Del total de países relevados, Ecuador fue el único que realizó consultas a docentes, directivos, padres y alumnos antes de implementar la medida.
El informe fue presentado formalmente en Buenos Aires y contó con la participación de sus principales exponentes: La especialista en análisis de consumo cultural juvenil Roxana Morduchowicz, junto a Zelmira May, responsble del programa de Educación de la UNESCO, Montevideo, Alejandra Cardini, socióloga y jefa de la Oficina del IPPE UNESCO y Fernando Salvatierra, coordinador regional de IA y políticas dgitales de la misma entidad.
