La Federación de Acopiadores de Granos encendió una fuerte señal de alerta ante lo que calificó como una exigencia “ilegal y abusiva” por parte de un grupo de empresas exportadoras multinacionales en las operaciones de compra de soja.
Según informó la entidad, estas compañías —que ocuparían una posición dominante dentro del mercado— estarían comenzando a exigir a acopios y cooperativas información detallada y sensible de sus productores clientes como requisito ineludible para concretar operaciones comerciales.
Entre los datos solicitados figurarían la cantidad de hectáreas de cada productor, nombre de los establecimientos, ubicación geográfica precisa —localidad y provincia— y el número de RENSPA, incluso cuando la comercialización se realiza a través de intermediarios tradicionales. Asimismo, la exigencia alcanzaría a productores que venden de manera directa, obligándolos a proporcionar información considerada confidencial y ajena a la operatoria puntual de compraventa.
Desde la Federación señalaron que se trata de una situación inédita en la historia del comercio granario argentino. “Jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera exigir coercitivamente la cartera de clientes de acopios y cooperativas, violentando el principio elemental de protección de los datos comerciales”, expresaron.
La entidad cuestionó además la legitimidad de la pretensión empresaria. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, indicaron, al tiempo que advirtieron que detrás de la maniobra existiría un intento de apropiación de información estratégica para avanzar en un proceso de concentración y desplazamiento de intermediarios.
El reclamo también se apoya en fundamentos técnicos y legales. Desde la Federación sostienen que la exigencia es inviable de cumplir, ya que no resulta posible vincular cada carga despachada desde una planta de acopio con un productor específico. A su vez, la califican como ofensiva por vulnerar la confidencialidad comercial, innecesaria por la existencia de sistemas de certificación ya vigentes e ilegal por contradecir la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
En ese sentido, recordaron que incluso herramientas oficiales como SIO-Granos resguardan el secreto comercial, mientras que esquemas sectoriales como VISEC permiten compatibilizar trazabilidad ambiental con resguardo de la información mediante mecanismos encriptados.
Para la entidad, la justificación basada en supuestos compromisos climáticos o “road map” ambientales no avala la recolección compulsiva de datos estratégicos. Además, advirtieron que la práctica podría encuadrarse dentro de conductas sancionables por el artículo 10 del Decreto 274/2019, habilitando acciones judiciales y reclamos por daños y perjuicios.
Finalmente, la Federación informó que ya puso la situación en conocimiento de organizaciones de productores y corredores de granos, con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto que frene la implementación de estas exigencias.
“La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente”, concluyeron.
