El 18 de diciembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur se postergará para enero de 2026. Si bien reconoció la relevancia económica, diplomática y geopolítica del entendimiento, argumentó la necesidad de incorporar “controles y salvaguardias adicionales” para proteger a agricultores y consumidores europeos, sin precisar su alcance.
La nueva dilación vuelve a poner el foco en una lectura sobredimensionada del capítulo agrícola del acuerdo, que termina relegando la dimensión estratégica de un entendimiento mucho más amplio. El texto cerrado políticamente en diciembre de 2024 contempla tres pilares —económico, político y de cooperación— y apunta a consolidar una alianza birregional en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas, fragmentación de cadenas globales de valor y debilitamiento del multilateralismo.
Desde el inicio de las negociaciones, la Unión Europea manifestó sensibilidades en materia agroindustrial y adoptó una postura defensiva que explica, en buena medida, los más de 25 años de negociaciones. Sin embargo, los cuestionamientos actuales de algunos sectores europeos parecen responder más a prejuicios o desinformación que a evaluaciones técnicas o científicas.
En reiteradas oportunidades, los negociadores del Mercosur han señalado que el acuerdo no representa riesgos sanitarios ni amenazas comerciales para la agroindustria europea. Las exportaciones deberán seguir cumpliendo con los estrictos estándares higiénico-sanitarios de la UE, y la trayectoria del Mercosur como proveedor confiable en mercados altamente exigentes respalda esa garantía. Brasil y la Argentina, principales exportadores netos de productos agroindustriales a nivel global, han consolidado ese lugar sobre la base de calidad, sanidad y sistemas de control reconocidos internacionalmente.
En términos comerciales, el acuerdo prevé múltiples mecanismos de protección: productos excluidos, plazos de desgravación de hasta 15 años, rebajas arancelarias parciales y cuotas limitadas que, en ningún caso, superan el 2% del consumo europeo. Además, se incorporó una salvaguardia bilateral para situaciones excepcionales de daño o amenaza, tal como establecen las reglas del comercio internacional. Avanzar ahora hacia nuevas salvaguardias agrícolas, como reclaman algunos países, implicaría alterar el delicado equilibrio alcanzado y contradecir tanto las normas de la Organización Mundial del Comercio como el propio texto acordado.
Lejos de los temores planteados, la demora en la firma del acuerdo implica también costos para la Unión Europea. El entendimiento permitiría asegurar flujos estables de abastecimiento de productos agrícolas clave para su industria alimentaria, acceder de manera preferencial a un mercado como el Mercosur y garantizar el uso exclusivo de 355 Indicaciones Geográficas, uno de los pilares del modelo agroalimentario europeo. A ello se suma el compromiso alcanzado en 2024 para avanzar en un instrumento complementario sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, que refuerza estándares ambientales y reconoce el derecho de ambas partes a proteger sus ecosistemas.
El trasfondo del debate es, en definitiva, geopolítico. En un mundo en reconfiguración, Europa enfrenta el desafío de redefinir su rol y fortalecer alianzas con socios estratégicos que garanticen seguridad alimentaria y energética. La dificultad para armonizar posiciones internas —en particular entre países clave como Alemania y Francia— vuelve a quedar en evidencia. El propio canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió que retrasar o abandonar el acuerdo debilita la credibilidad global de la Unión Europea en materia de política comercial.
Desde el Mercosur el mensaje es claro: el bloque está listo para firmar el acuerdo cerrado en diciembre de 2024. La expectativa está puesta en que prime una visión estratégica que permita concretar el Acuerdo de Asociación birregional sin reabrir negociaciones que pongan en riesgo el equilibrio construido a lo largo de un cuarto de siglo.
El texto fue elaborado por el Instituto Nacional de Asuntos Internacionales (INAI) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
