La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) rechazó por “arbitraria e ilegal” la multa de $150 millones que le impuso la Secretaría de Comercio Interior y anticipó que recurrirá a la Justicia.
La entidad aseguró que fue “condenada a abonar una multa exorbitante e infundada, en virtud de una resolución que es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.
“Estamos convencidos que, mas allá de la ilegalidad de la decisión, esa resolución responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, enfatizó.
Por ese motivo, FAIM anticipó en un comunicado que recurrirá a todas las instancias judiciales “a fin de obtener un pronunciamiento que ponga fin al actuar arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.
Ese organismo multó a la empresa Molinos Cañuelas por $150 millones, por ejecutar una “práctica concertada” con cámaras empresarias del sector para fijar el precio de la harina.
La multa también se extendió, con otros $150 millones, a la Federación Argentina de la Industria Molinera; con $93 millones a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras.
Tanto a la empresa como a las entidades empresarias, el Gobierno las acusó de “ejecutar una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, con afectación al interés económico general”.
