El Gobierno nacional oficializó un nuevo programa de retiro voluntario en el INTA con el objetivo de avanzar en la reducción de personal dentro del organismo. La medida fue formalizada mediante la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca recortar alrededor de 1.000 puestos de trabajo sobre una planta actual cercana a los 5.900 empleados.
La iniciativa forma parte del proceso de reorganización y ajuste impulsado por la administración de Javier Milei sobre distintos organismos estatales vinculados al sector público y científico.
Según la normativa, el nuevo esquema de retiro voluntario estará disponible hasta el 31 de mayo, aunque el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria podrá extenderlo por única vez durante otros 15 días. El régimen está dirigido exclusivamente al personal permanente comprendido dentro de la Ley Nº 25.164 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
La resolución establece que la compensación económica será calculada en base a los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Además, el cálculo incorpora un incremento salarial acumulado del 10,30%.
El programa prevé el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año trabajado o fracción superior a tres meses dentro de la Administración Pública Nacional.
Además, el esquema fija topes según la edad de los trabajadores. Hasta los 60 años no habrá límites, mientras que entre los 61 y 63 años el máximo será de 24 salarios brutos. Para quienes tengan 64 años o más, el tope quedará establecido en 12 haberes.
Desde el propio organismo también difundieron un simulador de cálculo para que los empleados puedan estimar el monto que recibirían en caso de adherir al programa.
El conflicto por la reducción de personal en el INTA
La reducción de la planta del INTA viene generando tensiones desde fines del año pasado. En 2024 ya se había implementado un primer esquema de retiro voluntario que logró alrededor de 300 adhesiones sobre una planta superior a los 6.000 trabajadores.
Posteriormente, el Gobierno intentó avanzar con despidos, aunque parte de esas cesantías fueron frenadas por la Justicia. En agosto de 2025, la administración nacional aceptó una resolución del juzgado federal de San Martín que suspendió unos 300 despidos dentro del organismo.
Más recientemente, en abril de este año, el Consejo Directivo del Instituto aprobó el cierre de 14 dependencias ubicadas en Buenos Aires y Córdoba, en línea con el proceso de reestructuración que impulsa el Ejecutivo nacional.
La medida vuelve a poner el foco sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un organismo clave para la investigación, el desarrollo tecnológico y la extensión rural en la Argentina.
