El Gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) y recibió tres ofertas de empresas consideradas entre las principales dragadoras del mundo.
El proceso busca la modernización, operación y mantenimiento de la ruta fluvial estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino y mercaderías de países de la región.
Las propuestas fueron presentadas por Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, firmas de alcance global en materia de dragado e infraestructura portuaria.
El pliego fue elaborado con respaldo técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que garantizó criterios de transparencia y competitividad en el proceso licitatorio.
Aval técnico internacional y contrato por 25 años
La iniciativa contó con apoyo multisectorial. Respaldaron el proceso la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.
También manifestaron su acompañamiento las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), junto a organizaciones ambientalistas y representantes técnicos del sector productivo.
La licitación se estructuró en tres sobres:
1️⃣ Evaluación de antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera.
2️⃣ Análisis del Plan de Trabajo con sistema de puntajes.
3️⃣ Evaluación de la oferta económica, con mayor ponderación para garantizar la tarifa más baja posible.
Tras el análisis técnico, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares.
El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino, en un contexto donde la eficiencia portuaria y fluvial resulta clave para el complejo agroexportador.
