En el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno para la cadena de ganados y carnes a finales del año pasado, una de ellas estipula que a partir de este año, el sistema de media res se cambiará por el troceo. Esta normativa detalla la obligación de trozar la media res, para que la venta de carne con destino al comercio minorista sea en trozos de hasta 32 kilos.
Desde el Ministerio de Agricultura, en conjunto con la cartera de Desarrollo Productivo establecieron a partir de 2022 un plazo de adecuación. La Resolución 10/2021 fija un periodo que va desde los tres meses hasta un año, según el tamaño del establecimiento.
Con respecto a esta nueva medida, entendemos que deberá implementarse, y que representará un alivio para los operarios que cada día descargan las medias reses en las carnicerías. Ratificamos el apoyo de nuestra cámara a esta iniciativa, que apunta a la modernización del consumo, a partir de introducir mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores del sector y en las condiciones sanitarias de los productos.
Algunas de nuestras dudas nacen a partir de ver que muchos frigoríficos no se encuentran adaptados. Cuando empiece a aplicarse,
habrá un incremento en los costos, tanto por logística, como el transporte y los insumos. En cada oportunidad que hemos tenido,
advertimos que esta medida no será viable, por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos
diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal, en relación con las provinciales y municipales.
En este sendo, adecuar las plantas requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución. Esto representa un claro impacto en los costos y que requerirán plazos de amortización razonables. Si son desiguales, pondrán en
distintas condiciones de competencia a los actores del mercado.
El texto de resolución facilita la competencia desleal a favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales. Inevitablemente, el sistema “ajustará para abajo” y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas.
Ante este escenario, la medida tendrá como destino final el fracaso de la medida, con una actividad que se verá afectada, al igual que las fuentes de trabajo de los sectores vinculados al circuito federal. Por lo expuesto, estimamos que debieran unificarse los cronogramas de adecuación dispuestos por la resolución de referencia, y establecer claramente el régimen de sanciones a aplicar.
- Leonardo Rafael, presidente de CAMyA
